7/15/2013

La Fiscalía de Madrid se querella contra el ex alcalde de Alcorcón y contra los constructores Bravo y Vázquez

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP, y contra los dos constructores que presuntamente ampararon a Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, los dos diputados rebeldes del PSOE que el pasado día 10 se ausentaron de la votación para elegir al presidente de la Asamblea regional, por su presunta implicación en una operación urbanística irregular en la citada localidad. 
   De haberse culminado la actuación, en la que supuestamente están implicadas ocho personas, entre ellas Zúñiga, Vázquez, Bravo, el ex concejal de Hacienda de Alcorcón, Fernando Díaz Robles, y un técnico municipal, habría dejado unos beneficios cercanos al billón de pesetas. 
   Se trata, dice la querella, de una presunta trama organizada desde 1999, cuando el ex regidor se concertó «con determinados especuladores de terrenos» y con constructores a los efectos de comprar suelo a bajo precio en determinadas zonas del municipio, contando para ello con información privilegiada, recalificarlo como urbanizable y venderlo posteriormente a terceros a un precio muy superior. Para ello, se puso de acuerdo con un técnico «ad hoc» por él elegido para propiciar propuestas técnicas de recalificación favorables a intereses privados y «absolutamente contrarias al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad», especialmente en cuanto al número y al porcentaje de viviendas protegidas a levantar. 
   Zúñiga se valió de su control sobre el Gobierno y la mayoría del Pleno municipal para lograr la aprobación de dichas iniciativas, a pesar de que éstas «violaban flagrantemente» el citado PGOU. Según explica la Fiscalía de Madrid en su escrito, dichas actuaciones afectaron, entre 1999 y 2003, a los desarrollos urbanísticos del Ensanche Norte y del Ensanche Sur. 
   El ex primer edil, a sabiendas de que los informes jurídicos del secretario municipal serían contrarios a sus propósitos, optó por emitir un decreto por el que ordenaba que no estuviera presente en los Plenos de aprobación de las recalificaciones urbanísticas, alegando un exceso de trabajo en otras áreas, lo cual «vulnera» el régimen de competencias municipales. En su lugar, los informes técnicos eran encargados a personas o entidades mercantiles externas y con evidentes vinculaciones con los promotores inmobiliarios. 
   En el caso del Ensanche Norte, el técnico informante fue Leopoldo Arnáiz. De este modo, se adquirían terrenos por unas 4.000 pesetas (24 euros) por metro cuadrado y, tras reclasificarlos, percibían por ellos cantidades cercanas a las 70.000 pesetas (420 euros) por metro cuadrado. 
   Según la querella, los beneficios se incrementaban al construir únicamente viviendas libres, reduciendo prácticamente a cero las de protección oficial (en los últimos años no se han levantado casas protegidas en Alcorcón). Así, en el denominado Ensanche Norte, el PGOU había delimitado la práctica totalidad del área como no urbanizable o urbanizable protegido. Sin embargo, el ex alcalde se concertó con Arnáiz y con otras dos personas, Juan Benigno Alonso y Francisco Díaz Moñux, para recalificar dichos terrenos.
   Estas dos últimas personas, presidentes de las Juntas de Compensación de los diferentes desarrollos urbanísticos se encargarían de adquirir el suelo a bajo precio a través de sociedades fantasma. Díaz Moñux fue recientemente condenado por la Audiencia Nacional a 9 años de cárcel por tráfico de drogas. 
   Por otro lado, el entonces concejal de Hacienda, Fernando Díaz Robles, se encargaría de contratar el proyecto de corrección del PGOU de Alcorcón para poder recalificar los terrenos en cuestión, eligiendo entonces el de Arnáiz, que ni si quiera fue presentado a concurso. La presunta trama especulativa se centró en la compra de suelo en los sectores de la Venta de la Rubia -donde el precio total del terreno pasó de 7.000 a 27.000 millones de pesetas- el Retablo y la ampliación de Campodon. 
   Una vez modificado el PGOU conforme a los intereses de los clientes del técnico municipal denunciado, se realizó una recalificación de suelo no urbanizable a residencial del 50 por ciento del témino municipal, a pesar de que los informes realizados por Arnáiz fueron rechazados por el secretario del Consistorio por no ajustarse a la normativa urbanística de la ciudad. 
   Llevadas al Peno municipal dichas enmiendas del PGOU, Zúñiga logró, con los votos de su partido (el PP), que se aprobara, pese a los informes negativos existentes. En total se recalificaron 14 millones de metros cuadrados del Ensanche Norte, eludiéndose la obligación de edificar 8.970 viviendas protegidas. 
   Según la querella, el ex alcalde actuó de un modo similar en el sector del Ensanche Sur, en el que la normativa había proyectado más de 10.000 viviendas, de las cuales el 85 por ciento serían de protección oficial. Este índice se redujo al 13 por ciento debido a las actuaciones especulativas llevadas a cabo por los integrantes de la supuesta trama urbanística denunciada.
   El escrito acusa a los constructores Bravo y Vázquez haber participado en una operación por la cual se logró que el Pleno municipal autorizase la edificación de 1.600 chalets de lujo en suelo no edificable, que en el mercado libre podría haber alcanzado los 160.000 millones de pesetas (961.619 euros). La Fiscalía de Madrid imputa delitos de asociación ilícita, prevaricación, revelación de secretos, aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero.

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